La Confederación andaluza de asociaciones de padres y madres del alumnado por la educación pública (CODAPA) ha remitido un escrito al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en el que solicita su intervención ante la situación actual de los comedores escolares para asegurar este servicio esencial para la ciudadanía, especialmente para las familias más vulnerables, en vista de la «dejación de funciones».

Según los datos de la CODAPA, al menos 126 centros educativos públicos andaluces han empezado el
curso 2020-21 sin servicio de comedor, afectando alrededor de 12.000 escolares y a sus familias. Esos datos
incluyen a menores y adolescentes que se benefician del Plan SYGA, destinado a apoyar a nuestras
familias más vulnerables, lamenta el colectivo, para el que la actual situación  de este servicio «no deja de ser una señal más del abandono que está sufriendo desde hace años la escuela pública por parte de las Administraciones competentes».

Aunque el movimiento de madres y padres ha pedido a las administraciones competentes información sobre la situación, las actuaciones que se están tomando para el restablecimiento del servicio y ha reclamado medidas urgentes para posibilitar la prestación de este servicio, sigue sin obtener respuesta.

En su escrito al Defensor del Pueblo, la Confederación recuerda que en las licitaciones del servicio se siguen primando a empresas grandes que ofrecen precios tan bajos (superan bajadas del 20%), lo que deja fuera de competición a PYMES y asociaciones sin ánimo de lucro como las AMPA. Así, un reducido número de empresas (a veces la misma con diferente denominación), copan la gestión de los miles de comedores escolares de Andalucía.

En 2018, la Junta “borró del mapa” los comedores gestionados por las AMPA, que han acabado
en manos de empresas de catering, a excepción del comedor del CEIP Gómez Moreno de Granada, que logró
recuperar la gestión en 2019, critica la CODAPA.

El colectivo de AMPA andaluz lleva años reclamando cambios en la normativa andaluza para evitar la situación que sufren las familias cada vez que una empresa renuncia al contrato, como está siendo el caso,
una vez más, en este inicio de curso.

Desde el movimiento de familias del alumnado proponen, por contra, la vuelta a la cocina en la escuela o, en su entorno, con un impacto directo positivo en la economía de la localidad (empleo, comercio, etc.), con menús elaborados con la idiosincrasia cultural de cada lugar, cocinados en el día, sin costes extraordinarios de logística ni de transporte y, por lo tanto, evidentemente más sostenibles. «En su día apoyamos las dos PNL que el Parlamento de Andalucía aprobó en 2014 y 2016 en este sentido, sin que hasta la fecha se hayan producido los cambios que en ellas se impulsaban», lamenta la CODAPA.

Descarga aquí el escrito remitido al Defensor del Pueblo.