Razones para rechazar el decreto de escolarización y sumarse a la huelga

El nuevo decreto de escolarización de Andalucía ha hecho saltar las alarmas de la comunidad educativa andaluza, que el próximo 4 de marzo está llamada a la huelga para exigir la retirada y derogación de esta controvertida normativa.  Familias, profesorado y alumnado, unidos en la plataforma andaluza en defensa de la educación pública, hemos decidido dar un paso al frente convocando este parón educativo ante los efectos negativos que a medio largo plazo tendrá para la educación pública en Andalucía el decretazo.

Así, el sistema que se pretende implantar supone un ataque sin precedentes a la escuela pública, al acentuar la privatización del sistema educativo andaluz. Para que las familias conozcan de primera mano sus consecuencias, desde la Confederación de AMPA de Andalucía (CODAPA) enumeramos algunas razones para oponerse a este decreto:

Apuesta por la concertada en detrimento de la pública. Entre las novedades del nuevo decreto se encuentra que cualquier familia pueda elegir un centro privado sostenido con fondos públicos. Esta medida supone una clara apuesta por el modelo de educación concertada y deteriora el futuro de los centros de educación pública.

Abre la puerta a la supresión de unidades públicas. El movimiento asociativo de AMPA lleva años denunciando los recortes que sufre la escuela pública en todas las provincias andaluzas, con el continuo cierre de unidades. Un desmantelamiento que la administración justifica amparándose en el descenso de la natalidad aunque, lamentablemente, esta bajada solo afecta a los centros públicos, mientras que los concertados se mantienen intocables. Esta nueva norma abrirá, más aún, la puerta para la supresión de unidades públicas, al incluir siempre un centro privado-concertado en cada zona de escolarización.

No prioriza la calidad de la pública. En lugar de apostar por una bajada de la ratio y por mejorar la atención y los recursos de la escuela pública para mejorar su calidad en un contexto de descenso de la natalidad , el gobierno andaluz prioriza la aprobación de un decreto que favorece a la educación concertada y a sus patronales.

No modifica las zonas de escolarización de los centros públicos como hacen pensar algunos titulares cuando hablan de “blindar la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos”. Los centros públicos son los únicos capaces de garantizar una educación de calidad e integral en condiciones de igualdad, respetando la diversidad, y favoreciendo la inclusión.

Una medida puramente ideológica. La normativa parte de un problema que no existe. El propio consejero admitió “que el 93% de las familias escolariza a sus hijos en el centro que desea”. En realidad el dato es inexacto. El 95% de las familias puede escoger en primera opción el colegio que quiere. Por lo tanto, el decreto no obedece a un problema de partida, sino que se trata de una medida ideológica.

Oculta la falta de inversión en infraestructuras para la educación pública.

Desmantelamiento de la Escuela Rural. Esta política tiene un efecto directo: el desmantelamiento del modelo de escuela rural, sostenido exclusivamente con fondos públicos, ya que la escuela pública asume en exclusiva la escolarización del alumnado del medio rural, de vital importancia para contrarrestar su despoblación.

La libertad de elección, un argumento falaz. La “libertad de elección de centro” y la aplicación de criterios de “demanda social” tienen una motivación clara: las administraciones públicas destinan cada año más de 6.000 millones de euros a los centros privados acogidos al concierto. Casi uno de cada cinco euros que se invierten en educación van a parar a un centro privado.

Más desigualdad. Una medida como esta crea desigualdades educativas, segregando al alumnado según el nivel socioeconómico de la familia.

La cara oculta de los conciertos. Los conciertos educativos tienen consecuencias negativas en las condiciones laborales del profesorado. Además no atienden a zonas rurales y su coste requiere aportaciones extras por parte de las familias.

No pone en valor los centros públicos. La nueva normativa no pone en valor la educación en centros públicos, la formación y profesionalidad del profesorado, los recursos dedicados a la inclusión, la innovación y su apuesta decidida por la educación en valores.

La discapacidad, ninguneada. Otro retroceso del decreto es que no tiene en cuenta en la baremación la discapacidad o trastorno del desarrollo ni del alumnado ni de sus progenitores si no supera el 33%.

Una norma sin consenso. La aprobación de este decreto no es fruto del consenso con la comunidad educativa, tal y como aseguró el Consejero de Educación, Javier Imbroda, ya que tanto en el Consejo Escolar de Andalucía como en los espacios de negociación con las organizaciones sindicales se han rechazado las medidas que introduce este decreto.

Por razones como estas animamos a todas las AMPA a sumarse a la movilización convocada por la Plataforma Andaluza por la Educación Pública, de la que forma parte la CODAPA, para mostrar nuestro rotundo desacuerdo con esta nueva normativa.

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