Imagen de portada del Calendario coeducativo del IAM.
La Confederación andaluza de asociaciones de padres y madres del alumnado por la educación pública (CODAPA) muestra su solidaridad y respaldo al IES Luis Carrillo de Sotomayor del municipio cordobés de Baena y a su profesorado, denunciado por la familia de un alumno por visionar un documental sobre Ana Orantes, símbolo de la lucha contra la violencia de género, coincidiendo con el 25N.
El colectivo recuerda que todas las actividades que se programan en clase se aprueban previamente en el máximo órgano de representación de la comunidad educativa en los centros educativos, el consejo escolar, con el consenso de las madres y padres, con los que también colabora de forma directa la persona coordinadora de coeducación a la hora de decidir todo lo que se hace en materia de igualdad. En este caso en particular, la actividad había sido aprobada y programada dentro del Plan de Igualdad de este instituto.
“Que la denuncia haya prosperado demuestra un desconocimiento absoluto del funcionamiento de los centros”, lamenta el movimiento de AMPA, sorprendido por la citación judicial al profesor que visionó el documental en clase, sobre todo, porque este tipo de actividades está amparada por la normativa vigente, estatal y autonómica. “Se da la circunstancia, además, de que el documental en cuestión es el propuesto por el Instituto Andaluz de la Mujer, que en su calendario escolar coeducativo para este curso sobre mujeres andaluzas con historia dedica noviembre a Ana Orantes, cuyo valiente testimonio público en televisión y cruel asesinato posterior a manos de su marido, que la quemó viva, “marcó un antes y un después” y “sacó la violencia machista del ámbito doméstico y obligó a la sociedad a replantearse la necesidad de tomar conciencia y buscar soluciones ante tal lacra”, tal y como recuerda esta misma herramienta didáctica del IAM”, detalla la CODAPA.
En palabras de la confederación andaluza de AMPA, lo sucedido obedece a un intento de amedrentar al profesorado tratando de judicializar la labor docente para sacar de la agenda escolar cuestiones que parecen molestar a determinados sectores como la igualdad que, no olvidemos, forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Para la CODAPA la gravedad de este caso, más propio de otros tiempos en los que imperaba la censura, “merece una respuesta contundente”. El colectivo reivindica, en este sentido, dar portazo a propuestas retrógradas como el ‘pin parental’, que anteponen el sesgo ideológico de las familias al interés del menor, cuyo derecho a recibir una formación integral en materia de igualdad o diversidad afectivo sexual debe estar por encima de cualquier prejuicio particular.
«Bajo el tan aclamado derecho a elegir de las familias con el que intentan justificar este tipo de iniciativas se esconde un argumento equivocado muy peligroso. Las familias no podemos modificar el currículo educativo de nuestros hijos e hijas a nuestro antojo. No podemos disponer de un veto para usar a voluntad, ya que el currículo de las materias viene establecido por la normativa legal al respecto. De lo contrario, estaríamos atentando contra la autonomía de los centros y contra el propio derecho del alumnado a recibir una educación integral basada en valores colectivos e inclusivos”, subraya la Confederación andaluza de AMPA, para la que “es alarmante que se recurra a los juzgados para denunciar temas educativos que se pueden tratar por otras muchas vías”.
“Las familias pueden hacer consultas y propuestas al equipo directivo del centro en caso de desavenencia de algún tipo. Así pueden conocer de primera mano las normativas y derechos universales que amparan determinadas actividades”, concluye la CODAPA, que aplaude la ola de solidaridad en redes sociales con el docente llamado a declarar.
