¿Por qué la asignatura de Religión o su alternativa deben ser obligatorias? ¿Por qué aumentar los conciertos educativos cuando hay unidades libres en la escuela pública? o ¿Por qué apoyar económicamente a los centros que llevan a cabo una educación diferenciada? Estas son algunas de las preguntas que la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (CODAPA) se hace y plantea a las familias andaluzas a raiz de la nueva Ley que quiere sacar adelante el Gobierno Central.

Para detener la LOMCE, para poner en pie a los padres andaluces, para que la comunidad educativa se revele contra esta reforma “engañosa, elitista e impuesta sin aceptación”, la CODAPA pide la movilización de todas sus AMPAS andaluzas, más de 2.700, para detener el avance del anteproyecto. En su página web se ha puesto en marcha un procedimiento para la recogida de firmas en contra del mismo y se ofrece toda una serie de documentos informativos para entender lo que está pasando. Además, la Confederación ha puesto a disposición del usuario un correo electrónico (paremoslalomce@codapa.org) para recibir y contestar a todas las dudas y sugerencias relacionadas con esta materia.

Según el presidente de la Confederación, Francisco Mora, “no se puede permitir que una Ley de este calado salga adelante sin el consenso de la comunidad educativa”. Y es que, en la CODAPA piensan que esta ley no va a mejorar la calidad educativa, sino que va a quitar la posibilidad de estudiar al que tenga más dificultades o carezca de poder adquisitivo.  La LOMCE parece dar así prioridad absoluta a las estadísticas de cara a los datos de informes educativos como PISA, sin importarle dejar por el camino a el alumnado que precisamente necesita un mayor apoyo educativo.

“No se  entiende por qué se aparta a las familias de la participación democrática de los consejos escolares” explica Mora. Y es que, el consejo escolar quedaría, de hacerse realidad este anteproyecto, relegado a funciones estrictamente consultivas, mientras que las decisorias pasan a ser competencia exclusiva de la dirección, esto es, de un director o directora nombrado directamente por la Administración y no elegido democráticamente por su comunidad educativa. “La guinda del pastel es que esto abre el camino de manera alarmante, a la privatización también de los centros públicos”, concluyen en la web de la CODAPA.

De igual manera, la Confederación cree que la nueva ley educativa  llevará a cabo una segregación del alumnado prematura, al tener que decidir itinerarios con sólo 13 años o presentarse a reválidas para pasar de nivel y además, una discriminación por “talentos”, condenando al fracaso escolar y a no conseguir el título de la ESO a quienes cursen los programas de cualificación profesional. Por el contrario, el anteproyecto de ley muestra una preocupación excesiva y sospechosa por aumentar el porcentaje de alumnos de secundaria que opta por el bachiller en lugar de por la formación profesional.