El presidente de CODAPA, Francisco Mora, durante la rueda de prensa
La Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres por la Escuela Pública (CODAPA) se opone totalmente a la intención de derogar la LOE y, en caso andaluz la LEA, y aprobar una nueva ley. Mucho menos, según la Confederación, por una ley cuyo espíritu y formas son claramente segregadoras, contrarias al principio integrador igualitario y equitativo que debe poseer una educación pública. La agrupación, que representa a más de 2.700 AMPAS de toda Andalucía, considera que hay que dotar de estabilidad normativa al sistema educativo “porque los centros educativos no pueden perder tiempo y energías en la sustitución y aplicación de nuevas normas y reglamentos, habiendo asuntos mucho más urgentes”, declara el presidente de CODAPA, Francisco Mora.
En primer lugar, el anuncio de la redacción de la “Ley de Mejora de la Calidad de la Educación” (LOMCE) se contradice con lo que manifestaron tanto el presidente del Gobierno, en su discurso de investidura, como el ministro de Educación, en su primera comparecencia parlamentaria: reformas educativas, pero sin modificar la vigente Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada en 2006.
Partiendo de esta contradicción, CODAPA denuncia que la LOMCE deja claramente a las familias fuera de la participación real en los órganos de gobierno de los centros educativos, y propone que los miembros de los consejos escolares sólo sean actores pasivos ante la educación de sus hijos, pasando a ser un órgano consultivo y no decisorio
“En los países que tenemos como imagen para tener mejor sistema educativo se apuesta por poner mas recursos, menos ratio, enseñanza más individualizada y adaptadas a las capacidades del alumnado, refuerzos, desdobles y sobretodo más educación compartida entre todos los integrantes que tienen que ver con el alumnado; y si se fijan en el proyecto de ley ésta va en dirección contraria a todo esto”, señala Francisco Mora
Del mismo modo, la Confederación explicó que el documento de propuestas del Ministerio hace un diagnóstico del sistema educativo demasiado somero como para que, a partir del mismo, se pueda elaborar una nueva ley de educación. “Resulta aterrador observar que con tan pocos argumentos que puedan fundamentarse en la investigación educativa, a la que por otra parte se dedican en España muchos profesionales y departamentos universitarios, pueda cambiarse de arriba abajo el sistema educativo y el futuro de tantos niños y jóvenes.”
Además, los representantes de los padres de la Escuela Pública Andaluza creen que antes de hacer cualquier tipo de modificación legal de amplio calado, ya sea una ley, un decreto o una orden, el Gobierno debería trabajar en un pacto social de la comunidad educativa, al que posteriormente se incorporaran la inmensa mayoría de fuerzas políticas del arco parlamentario, desde el absoluto respeto a dicho pacto social y trasladándolo a la normativa y a actuaciones concretas en los centros educativos.
CODAPA piensa que la LOE ya deja mucho margen a las Administraciones Educativas para desarrollar políticas educativas conservadoras, y sospecha que el Gobierno quiere dar una “vuelta de tuerca”, con el objetivo de recortar el derecho a la educación y que éste no pueda ser esgrimido por los ciudadanos ante las Administraciones Públicas o los tribunales, en su caso. “El objetivo de la LOMCE es acompañar los drásticos recortes presupuestarios que el Gobierno está impulsando con un recorte de derechos que necesariamente requiere estar plasmado en la ley”, argumentan desde la Confederación
Así, los padres y madres de la pública andaluza piensan que la nueva ley, cuya denominación indica que se mejorará la calidad de la educación, podrá suprimir toda referencia o quitar importancia a programas y medidas de apoyo para atender a la diversidad de alumnos, la actual ratio de alumnos por profesor, la cobertura de las bajas docentes, el derecho a una educación común hasta los 16 años, el derecho a una educación infantil 0-6 con carácter plenamente educativo, el objetivo de una escolarización cada vez más universal y gratuita en Bachillerato y ciclos formativos, la incorporación de distintos perfiles profesionales, los requisitos mínimos de los centros educativos, y un largo etcétera.
“La nueva ley supondría un adelgazamiento del derecho a la educación, un punto y final en la concepción de la educación pública como instrumento de ascenso social y del que se benefician sobre todo las clases medias y bajas y que podría tener efectos devastadores en las generaciones que ahora mismo están escolarizadas o comenzarán en breve a escolarizarse”, advierte Mora
Resultados académicos
CODAPA no acepta que una nueva ley de educación parta de análisis sesgados del sistema educativo. “No compartimos los análisis catastrofistas”. Así, recordaron en rueda de presa que, según el informe de la OCDE “Panorama de la Educación 2011”, el 70% de los jóvenes entre 25 y 34 años ha completado la educación postobligatoria (bachillerato y FP de grado medio), lo que demuestra que el país ha avanzado mucho en las últimas décadas, si tenemos en cuenta que hace treinta años sólo el 28% había finalizado estos estudios.
“En pocos años nuestro país ha evolucionado a mayor velocidad que otros y además logrando también una mayor equidad. Eso sí, no todas las comunidades autónomas han evolucionado de igual forma. Algunas autonomías se han acercado más rápidamente a los niveles de los países europeos más avanzados, y otros no, Hay que recordar que Andalucía a mejorado su éxito educativo en siete puntos colocándose en la media española”
CODAPA, que aboga por una escuela que compense las desigualdades de origen, tampoco puede aceptar las cifras de fracaso escolar, aunque éstas se hayan reducido, porque detrás de ellas hay niños, niñas y jóvenes. “Si creemos en la justicia social, en una sociedad más equitativa, no podemos estar conformes con la existencia de bolsas de población con fracaso escolar; ello a pesar de que hay que valorar que en los últimos años se haya producido una mejora, como consecuencia indirecta del regreso a las aulas de jóvenes que antes se empleaban en la construcción y en industrias auxiliares y de mayores inversiones en diferentes programas realizadas años atrás que, sin embargo, ahora se han reducido o suprimido, poniendo en peligro la mejora de los datos de fracaso y abandono escolar.
El modelo, según CODAPA, aboga por la superación de la crisis de la mano de la eliminación de lo público y recortes en educación. “Desde este enfoque es prácticamente imposible la reducción de las tasas de fracaso escolar a las que dice querer combatir el ministro Wert”.
