La Plataforma Andaluza por la Enseñanza Pública, integrada por CCOO, CGT, CODAPA, FETE UGT, SINDICATO DE ESTUDIANTES y USTEA, como representantes legítimos de la comunidad educativa de Andalucía, en solidaridad con las Jornadas de Lucha convocadas durante el mes de mayo contra los recortes en Educación que se están produciendo en el conjunto del Estado y que nos orientan hacia un modelo educativo elitista, ha decidido celebrar, desde el día 21 al día 25 de mayo, una SEMANA DE LUCHA POR LA EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA; semana en la que se realizarán las siguientes actuaciones:

  1. Noche del día 21 al 22 de mayo: vigilia en algún/algunos de los centros escolares más representativos de las capitales de provincia, contando para ello con el apoyo de la Comunidad Educativa en su conjunto.
  2. Propuesta a los centros educativos para que desde el día 21 al día 25 de mayo trabajen con los alumnos/as, de forma transversal, la importancia de los servicios públicos en una sociedad democrática y cohesionada.
  3. Propuesta a las familias, alumnado y al profesorado para que desde el día 21 al 25 de mayo asistan a los centros educativos con un lazo verde, o bien vestidos de verde, como símbolo de la defensa de la Educación Pública.
  4. Propuesta a los centros para que el día 22 de mayo cuelguen en las paredes interiores y exteriores de los mismos murales, pancartas, lazos verdes, etc., como reivindicación de defensa de la escuela pública.
  5. Concentraciones/Manifestaciones provinciales EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA y contra los recortes, preferentemente ante las subdelegaciones del Gobierno, el mismo día 22 de mayo, a las 19 horas, en la que se dará lectura al Manifiesto.

Todas estas actuaciones están siendo precedidas de asambleas informativas con la comunidad educativa en todas las provincias andaluzas para explicarles qué suponen los recortes en educación, impuestos por el Gobierno Español, para la calidad de la enseñanza y el bienestar de los ciudadanos.

Así mismo, se hace un llamamiento a la Administración Andaluza en general, y a la Administración Educativa en particular, para que todas aquellas medidas que tome, en el marco impuesto por el Gobierno de España de reducción del déficit y contención del gasto público, afecten lo menos posible a la calidad de la enseñanza, favoreciendo la igualdad de oportunidades, y a las condiciones socio/laborales de los trabajadores/as de la enseñanza.