Celebración del 15 aniversario del eco-comedor del colegio Gómez Moreno en Granada. FOTO: Manuel M. Mateo

La confederación andaluza de asociaciones de madres y padres del alumnado por la educación pública (CODAPA) solicita un mayor control de las familias en la gestión de los comedores escolares.

La confederación, que agrupa a más de 2.300 AMPA andaluzas, se muestra especialmente preocupada por las actuales cifras de obesidad infantil: el 41,3% de las niñas y niños sufre sobrepeso, según el último Informe Aladino.

La CODAPA reivindica, asimismo, la “creación de comisiones de comedor que hagan un seguimiento desde el consejo escolar de cómo es el servicio en cada centro”, dado que su gestión “escapa al control por parte de las familias”.

Con esta propuesta, el movimiento de asociaciones de madres y padres de alumnado de Andalucía que representa la CODAPA sigue luchando por mejorar los comedores escolares, una de sus reivindicaciones históricas.

Además, según explica el colectivo, la normativa vigente “elimina los convenios con las AMPA y asociaciones que permitía la ley anterior”. Los comedores gestionados por AMPA están así desapareciendo del mapa, a pesar de tratarse de modelos de gestión que reúnen muchas de las recomendaciones de la Ley de Promoción de Vida Saludable y Alimentación Equilibrada, como el consumo diario de productos frescos, locales y de temporada.

La organización se congratula de que cada vez más colectivos de todo el Estado, como la Plataforma por una alimentación responsable en la escuela, de la que forma parte la CEAPA, y, a nivel andaluz, Escuelas de Calor, hayan decidido alzar la voz en defensa de una alimentación de calidad en la escuela pública.

Con intención de animar a las familias a participar en la mejora de la alimentación del alumnado, la CODAPA se suma a la campaña de CEAPA que anima a las AMPA a evaluar el servicio de comedor a partir de una serie de aspectos relacionados con el modelo de gestión, las instalaciones, el transporte y almacenamiento de alimentos, el menaje, el acceso a becas, el personal; las materias primas; la participación de las familias y la transparencia en la gestión.